Existe una laguna en nuestro país, falta una legislación clara sobre la forma de asegurar la transparencia y el acceso a la información, que imponga muy pocos límites a la fiscalización en las actuaciones de los poderes públicos. El actual gobierno ha llevado al Congreso una "Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno", que vió la luz verde el pasado 28 de Noviembre.
Nadie duda que transparencia, acceso a la información y buen gobierno son tres valores necesarios en un sistema democrático. Existen conexiones entre estos valores, la transparencia está ligada al control de los usos de los recursos públicos, tanto en el sector público como del sector privado que recibe financiación pública.
Sin embargo, aprobar un texto en el Parlamento que nombra estos tres derechos-valores, no quiere decir que el texto legislativo que los desarrolla cumpla con ese objetivo. Leyendo en diagonal el texto percibo que en la forma en que vertebra el proyecto normativo el gobierno del PP introduce muchos elementos oscuros, anticuados,...
He centrado mi atención en la transparencia dentro del siglo de Internet y la sociedad de las tecnologías de la información (TIC). La aplicación del valor-derecho de la transparencia ó tiene una clara vertiente electrónica ó no será transparente ese "buen gobierno". Así cabe concluir, desde la perspectiva tecnológica, la legislación nace desfasada, anticuada,...
La corrupción es consecuencia de la concentración de poder, la discrecionalidad en la toma de decisiones, y la ausencia de efectividad en los mecanismos de control. Se ha desperdiciado una oportunidad para conectar transparencia con buen gobierno al actuar eficazmente a través de esta ley. La transparencia es clave a la hora de que los ciudadanos sepan lo que están haciendo en la gestión los organismos dependientes de las Administraciones Públicas.
El poder viene del conocimiento, no de la información en si misma... la calidad de la información es clave, entre los aspectos importantes que dan calidad y están ausentes podríamos decir que no hablan de la organización de archivos/documentos, de la potenciación de mecanismos tecnológicos que permita navegar en la documentación, los instrumentos de publicidad activa, la simplificaciones de procedimientos,...
Estamos delante de una norma que no marcará un antes y un después en materia de transparencia, una ley que carece de elementos innovadores. Una ley de mínimos que transpone al ordenamiento español elementos que proceden de normativas europeas en vigor, una regulación que eluye la implementación de los mecanismos que rompan la opacidad con que operan muchos organismos públicos a la vista de los usuarios, los ciudadanos.
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